Ante el establecimiento del aislamiento social obligatorio como medida preventiva frente a los efectos, mediante el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado la noche del 15 de marzo, varios aspectos de la vida del país se han visto suspendidos de forma un tanto intempestiva.El poder ejecutivo no ha brindado ningún decreto respecto a las obligaciones de pagos de los ciudadanos, sin embargo, el nuevo Congreso de la República a través de la bancada con la mayor cantidad de parlamentarios (Acción Popular) ha planteado el Proyecto de Ley N° 4894/2020 que propone suspender el cobro de servicios de agua, energía eléctrica, gas, telefonía fija, celular, internet, pago de alquileres y préstamos de entidades del sistema financiero. Sin cobro de alguno de interés o mora aplicables, por un plazo de dos meses.
También otro aspecto importante que señala el proyecto propuesto es que sólo es aplicable bajo dos condiciones:
- Personas que no se les ha otorgado licencia con goce de haber, es decir, a la población que no cuenta con un trabajo formal o no cuenta con uno.
- Que se encuentra al día en el pago de dichas obligaciones.
Efectivamente, un gran sector de la población se encuentra aislado en viviendas arrendadas. Por otro lado, muchos locales comerciales y de servicios, que han tenido que cerrar sus puertas, funcionan en inmuebles arrendados.
NUESTRA POSICIÓN:Con respecto al pago de las rentas de los arrendamientos los legisladores no toman en cuenta que a quienes afecta directamente en su mayoría son personas naturales las cuales cuentan con el ingreso de la renta mensual para tener una vida tranquila y en muchos casos subsistir.
Debemos indicar, que no es comparable propietarios arrendadores de inmuebles pequeños o medianos con grandes empresas como son las entidades bancarias o financieras o empresas de telecomunicaciones. La diferencia es abismal se trata de deudas diferentes, que lo que haría es trasladar las deudas de una persona y no solucionaría el real problema.
¿ENTONCES, QUÉ HACER? Pues una solución es el análisis de cada situación en particular o que cada arrendador negocie directamente con sus inquilinos la fecha de pago y el nuevo monto de la renta si estuvieran de acuerdo o también podría ser una alternativa el utilizar la garantía que entregó el inquilino al firmar el contrato.
A manera de conclusión, se podría decir que si bien es cierto nos encontramos en una situación nunca antes vista en el país y en el mundo; para salir victoriosos de esta pandemia se va a necesitar la colaboración de todos los sectores de la población.
