La corrupción en el sector inmobiliario es una problemática que trasciende fronteras y afecta el desarrollo urbano, la economía y la confianza pública. Este fenómeno, caracterizado por prácticas ilícitas como el tráfico de influencias, sobornos y colusión, ha resultado en la paralización de proyectos de vivienda, obras públicas y desarrollos urbanos. Los afectados no solo son las empresas involucradas, sino, sobre todo, las familias y comunidades que ven truncadas sus expectativas de acceder a un hogar o a mejores condiciones de vida.
En este artículo exploraremos el panorama de la corrupción inmobiliaria, centrándonos en casos concretos que evidencian el impacto devastador de estas prácticas.
El sector inmobiliario es especialmente vulnerable a la corrupción debido a la gran cantidad de dinero involucrada en proyectos, la complejidad de los procesos de zonificación y permisos, y la participación de múltiples actores, desde entidades públicas hasta empresas privadas. Estos factores crean un entorno propicio para irregularidades que terminan afectando tanto a la economía como a la calidad de vida de los ciudadanos.
En muchos casos, la corrupción se manifiesta en la adjudicación irregular de contratos, el uso indebido de fondos destinados a proyectos sociales o el favorecimiento de empresas vinculadas a funcionarios públicos. Las consecuencias incluyen la paralización de proyectos, el desperdicio de recursos y el deterioro de la confianza en las instituciones.
Casos Emblemáticos de Corrupción Inmobiliaria
1. Caso Alejandro Toledo y Ecoteva
El expresidente Alejandro Toledo fue condenado a 20 años y 6 meses de prisión por delitos de colusión y lavado de activos. Se le acusó de recibir 35 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para favorecerla en la adjudicación de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur entre 2004 y 2005. Los fondos ilícitos fueron canalizados a través de Ecoteva Consulting Group, una empresa constituida en Costa Rica por su suegra, Eva Fernenbug. Con estos recursos, se adquirieron propiedades inmobiliarias de lujo en Lima, incluyendo una oficina en Surco y una casa en La Molina. Este caso forma parte del escándalo de corrupción conocido como Lava Jato, que ha implicado a varios exmandatarios peruanos.
2. Caso Graña y Montero
La empresa constructora peruana Graña y Montero se vio involucrada en el escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht. Se le acusó de participar en sobornos para obtener contratos de obras públicas, incluyendo proyectos inmobiliarios y de infraestructura. Este caso forma parte del entramado de corrupción del caso Lava Jato en Perú.
3. Caso Sada Goray y el Fondo MiVivienda
La empresaria Sada Goray, propietaria de la inmobiliaria Marka Group, fue investigada por presuntos actos de corrupción relacionados con el Fondo MiVivienda durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Se descubrió que Goray habría entregado más de 4 millones de soles en sobornos a funcionarios, incluyendo al jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, para obtener beneficios indebidos en proyectos financiados por el Fondo MiVivienda. Estas acciones resultaron en la aprobación irregular de proyectos inmobiliarios y generaron pérdidas al Estado peruano por más de 148 millones de soles. Además, se identificó que Goray capacitó a personas para que asumieran cargos directivos en el Fondo MiVivienda, asegurando decisiones favorables a sus intereses empresariales.
La corrupción inmobiliaria no solo afecta a los gobiernos y las empresas, sino que también priva a las personas de uno de sus derechos más fundamentales: el acceso a una vivienda digna. Los casos presentados son solo una muestra de cómo estas prácticas ilícitas tienen un impacto profundo en la sociedad.
Para enfrentar esta problemática, es esencial fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, tanto en las instituciones públicas como en las empresas privadas. Además, es necesario fomentar una cultura de integridad que priorice el bienestar colectivo sobre los intereses particulares.
La lucha contra la corrupción en el sector inmobiliario debe ser una prioridad para garantizar un desarrollo urbano sostenible y equitativo, en el que todos los ciudadanos puedan acceder a oportunidades justas y a una mejor calidad de vida.
ELABORADO POR LA SOCIEDAD PERUANA DE BIENES RAÍCES
