Recientemente, el Diario Oficial El Peruano anunció la promulgación de dos importantes leyes por el Congreso peruano, enfocadas en la gestión de la migración y el alquiler de propiedades a extranjeros. Estas leyes, que modifican el Decreto Legislativo 1350 – Ley de Migraciones, introducen medidas específicas para el arrendamiento a extranjeros y la protección de mujeres migrantes en situaciones de riesgo.
Regulaciones para Arrendadores de Inmuebles a Extranjeros
La Ley 31689, aprobada tras superar las observaciones del Ejecutivo, reforma el artículo 61 del Decreto Legislativo de Migraciones. Ahora, los arrendadores deben verificar y reportar a la Superintendencia Nacional de Migraciones la situación migratoria de los inquilinos extranjeros. Además, se actualizan dos apartados del artículo 63, imponiendo sanciones a quienes ofrezcan alojamiento a extranjeros sin registrar y comunicar adecuadamente sus datos personales y de identificación a las autoridades.
Restricciones de Ingreso por Razones de Seguridad y Salud
Otra enmienda significativa se encuentra en el artículo 45, donde se establece que, por razones de seguridad nacional, salud pública, y otros factores de orden y seguridad, el ingreso y tránsito de extranjeros puede ser restringido. Esta medida se alinea con los principios de proporcionalidad y soberanía del país.
Obligaciones de los Extranjeros en Perú
La modificación al artículo 10 recalca las responsabilidades de los extranjeros en Perú, enfatizando el respeto al marco legal vigente, incluyendo aspectos culturales, de seguridad, y normativas sanitarias y ambientales.
La Ley 31689 en Perú representa un avance significativo en la regulación del alquiler de inmuebles a extranjeros y la gestión de la migración, estableciendo un equilibrio entre la seguridad nacional y la integración armónica de los migrantes. Al exigir a los arrendadores verificar y reportar el estatus migratorio de los inquilinos y al reforzar las obligaciones de los extranjeros respecto a las leyes y normativas locales, esta ley no solo fortalece el marco legal existente, sino que también promueve un ambiente de respeto y seguridad para todos los residentes en el país.
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